En diciembre de 2020 varios estados de E.U. presentaron una demanda en contra de Google por incurrir en presuntas prácticas anticompetitivas en el campo de la publicidad digital. Uno de los principales argumentos de los estados demandantes era que el gigante tecnológico limitó deliberadamente los anuncios no publicados en Accelerated Mobile Pages (AMP) y ahora, casi un año después, se han revelado algunos detalles sobre las prácticas desleales de la compañía.
El proyecto AMP, lanzado en 2015, tenía por objetivo acelerar la velocidad de carga de los sitios web en su versión para dispositivos móviles. Las páginas AMP en realidad son una segunda versión de un sitio web convencional que emplea componentes AMP y JavaScript restringido, generalmente ofrecido a través de Google y sus propias redes de distribución de contenido.
Si bien AMP fue por mucho tiempo un proyecto de código abierto, se manejaba con la política de Dictador Benévolo de Por Vida (BDFL), a cargo de Google Malte Ubl. Esto cambió en 2018, año en que Ubl anunció que un Comité Directivo Técnico tomaría el control de APM; este Comité estaría integrado por nueve miembros, de los cuales 4 pertenecen al organigrama de Google, incluyendo al director de operaciones Joey Rozier.
Los demandantes argumentan que los empleados del servidor de anuncios de Google sostienen reuniones con los responsables de AMP para elaborar estrategias complejas sobre el uso de este proyecto, impidiendo la licitación de encabezados. Estas licitaciones permiten a los editores ofrecer espacio publicitario a múltiples plataformas de anuncios en lugar de atenerse a las disposiciones de Google.
AMP habría limitado la compatibilidad de las licitaciones de encabezado a solo unos cuantos servicios de anuncios, dirigiendo las licitaciones consideradas rivales a través del servidor de anuncios de Google con el fin de poder ver sus licitaciones y negociar el acceso a información privilegiada.
Además, la demanda señala que Google incrementa el tiempo de carga de los anuncios que o son de AMP por apenas un segundo, lo que le brinda a AMP una ventaja competitiva ya que limitar los anuncios que no son de AMP ralentiza las pujas de encabezado, generando así un impacto gradual en las licitaciones de encabezado consideradas demasiado lentas.
Finalmente, los demandantes sugieren que Google habría incrementado la legitimidad de AMP clasificando arbitrariamente estas páginas por encima de páginas que no son de AMP, que aparecían muy abajo en la lista de resultados de búsqueda. En consecuencia, los administradores de sitios web que no usaban AMP veían disminuido el tráfico a sus plataformas, mismo que era redirigido por Google a editores que usaban AMP, lo que habría reducido los ingresos de los editores afectados hasta en 40%.
La demanda sigue siendo analizada, por lo que aún no es posible decir con certeza si Google perderá estos casos judiciales y cuáles podrían ser las consecuencias de tal decisión.
Desde su lanzamiento inicial AMP ha estado envuelto en polémica. En 2018, el desarrollador Jeremy Keith renunció a su cargo en el comité de asesoría de AMP, argumentando que le era imposible seguir prestando sus ideas a un supuesto proyecto de código abierto que en realidad nunca dejó de ser parte de Google. Otra queja frecuente de los usuarios es que la especificación AMP requiere un enlace a JavaScript alojado en Google, lo que muchos desarrolladores no ven con buenos ojos.
La compañía ha tratado de mitigar las críticas y prejuicios contra AMP; en 2020, Google anunció que se eliminaría el requisito de AMP para elegibilidad en Top Stories, aunque el cambio no fue implementado sino hasta abril de 2021. En ese momento, la compañía anunció que el carrusel de Top Stories incluiría todo el contenido destacado, sin importar si se empleaba el formato AMP o no, y solo considerando si el contenido cumplía con las políticas del motor de búsqueda.
Google ha removido algunas políticas controversiales relacionadas con AMP, aunque esto no significa que se haya dejado de impulsar su uso. Especialistas en ciberseguridad señalan la presencia de un claro conflicto de interés inherente a la forma en que se administra el proyecto AMP, por lo que un verdadero cambio en la forma de implementar este sistema requeriría replantear toda su estructura, lo cual parece que Google no tiene intención de hacer por el momento.
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