Desde hace un par de meses las calles de Colombia se han visto repletas de ciudadanos manifestándose en contra de algunas polémicas impulsadas por la administración del actual presidente Iván Duque Márquez. Esencialmente, el gobierno colombiano trataba de incrementar los impuestos a la clase obrera y hacer severos recortes en los servicios de salud, algo impensable especialmente considerando que estamos en medio de una pandemia.
Ante las constantes protestas y la creciente disposición de los manifestantes al vandalismo y la coacción física con las fuerzas del orden, el gobierno decidió responder llevando a las Fuerzas Armadas a las calles, en un intento desesperado por contener los incidentes en cada nueva manifestación pública reportada y realizar arrestos masivos.
No obstante, es complicado para los cuerpos militares identificar a los líderes de estas manifestaciones, por lo que el gobierno de Colombia tuvo que recurrir a la tecnología. El presidente Duque ordenó el uso de un avanzado sistema de reconocimiento facial, el cual sería instalado en helicópteros y drones bajo control del ejército, lo que permitiría dar un seguimiento detallado a los participantes en una manifestación.
Especialistas en reconocimiento facial aseguran que esta nueva tecnología sería usada en los principales focos de las protestas, incluyendo la capital colombiana Medellín, y también recurriría al uso de los sistemas de vigilancia públicos para incrementar su alcance y efectividad.
Esta tecnología sería capaz de identificar los rasgos faciales más característicos de cualquier persona, incluyendo ojos, nariz, cejas, frente y forma del rostro sin importar que los manifestantes cubran sus rostros con alguna prenda. Las autoridades también pretenden crear enormes bases de datos que estarán a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e incluso solicitar el apoyo de Interpol para identificar a potenciales actores externos a Colmbia en estas manifestaciones.
Como era de esperarse, la filtración de los planes del presidente Duque sólo avivó el fuego, recibiendo severas críticas de activistas locales e internacionales que consideran el uso del reconocimiento facial como una práctica violatoria de los Derechos Humanos y cuyo uso podría trascender el monitoreo de los manifestantes más agresivos; en otras palabras, los expertos creen que Colombia podría adoptar esta práctica de forma sistemática para la vigilancia de personas de interés.
Como señalan los expertos en el tema, el uso de sistemas biométricos no se limita a la recopilación de imágenes faciales, sino que implica obtener toda la información posible de una persona, incluyendo huellas dactilares, altura, peso y otros detalles. Activistas y defensores de Derechos Humanos consideran que un uso sin restricciones de esta tecnología es violatoria al derecho a la privacidad que todas las personas deben gozar, algo que se ha puesto en práctica en diversos ámbitos.
El gobierno de China, por ejemplo, emplea tecnología de análisis biométrico para mantener una estricta vigilancia sobre comunidades minoritarias éticas y religiosas, restringiendo algunos de sus derechos básicos y suprimiendo de forma violenta el más mínimo intento de movilización social.
La postura respecto al uso de reconocimiento facial para la lucha contra los delitos comunes tampoco tiene una buena percepción, pues se considera un atentado contra la presunción de inocencia y pone en tela de juicio cualquier procedimiento penal iniciado a partir de información obtenida de esta tecnología. En el caso específico de las protestas, las autoridades ni siquiera podrían juzgar a los manifestantes ya que están ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución de Colombia.
Otro factor que preocupa a los activistas y organizaciones no gubernamentales es que el gobierno de Colombia está basando completamente la implementación de estos sistemas en una decisión arbitraria, ya que no se ha realizado estudio o investigación alguna sobre el impacto real en el uso de estos sistemas. Además, la narrativa difundida por la administración de Duque se basa en información poco clara a través de los medios de comunicación masivas, en un esfuerzo por dejar este tema fuera del debate público y difundir la idea de que es una decisión acertada e inevitable.
El panorama es poco alentador, ya que se han tomado medidas similares en toda América Latina. Del mismo modo que en Colombia, la adopción del reconocimiento facial no se justifica más que en las arbitrarias decisiones de los gobernantes. Es por ello que se debe hacer conciencia al respecto; Latinoamérica es una tierra de contrastes, en la que aún se lucha por garantizar las libertades mínimas de los ciudadanos para mostrar su descontento ante un sistema disfuncional, así que los gobiernos en esta parte del mundo no pueden permitirse tomar estas decisiones a la ligera y movilizarse hacia un contexto en el que la protesta violenta no sea la única vía que queda a los ciudadanos para hacerse escuchar.
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Trabajando como arquitecto de soluciones de ciberseguridad, Alisa se enfoca en la protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad dentro de una variedad de empresas de seguridad cibernética. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud médica y reconocimiento facial.
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