El gobierno italiano, a través de su unidad policial para la investigación de delitos financieros, ha presentado un caso criminal contra 240 suscriptores a servicios de IPTV piratas con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. Acorde a la Guardia di Finanza, la mayoría de estos usuarios fueron identificados después de que las autoridades detectaran a un vendedor de estas suscripciones.
Las autoridades italianas han emprendido una importante campaña contra la oferta y demanda de plataformas IPTV y otros servicios similares, mismos que componen una de las más importantes operaciones de piratería en todo el mundo.
Hace un par de años, la policía italiana logró derribar la operación masiva IPTV conocida como Xtream-Codes, con aproximadamente 50 millones de usuarios finales, uno de los resultados más importantes en cuanto a la lucha contra este tipo de servicios.
En cuanto a los principales objetivos de las autoridades, en febrero el enfoque cambió a la detección de los usuarios finales de estos servicios. Un representante de Guardia di Finanza señala que se han interpuesto denuncias contra 223 suscriptores de IPTV por el cargo de “recibir bienes robados”, lo que podría cambiar definitivamente la forma en que se combaten estos delitos.
Hace unas semanas, varios medios de comunicación locales en la ciudad de Piacenza informaron que 240 personas, en su mayoría residentes de esta localidad, fueron identificadas como suscriptores de una plataforma de IPTV pirata que ofrece contenido de plataformas como Sky, Dazn, Mediaset Premium, Netflix y Amazon Prime por solo 10 euros al mes.
Como se menciona anteriormente, los investigadores lograron presentar cargos contra estos usuarios después de identificar a un individuo de 60 años dedicado a la venta de suscripciones a servicios de IPTV. Los vendedores de suscripciones suelen ser el primer contacto de los operadores de estas plataformas con potenciales clientes, por lo que pueden mantener registros personales como nombres, domicilios, direcciones email y detalles de pago.
Tal parece haber sido el caso en esta investigación, aunque las autoridades también podrían haber recurrido a métodos de rastreo sofisticados como investigaciones de historial financiero y cargos a las tarjetas de los usuarios de estos servicios ilegales.
En caso de ser encontrados culpables de posesión de bienes robados, los usuarios podrían enfrentar multas de hasta 25,000 euros e incluso tiempo en prisión. Aún está por verse el precedente que establecerá este caso, aunque las autoridades esperan sirva para disuadir a los interesados en estas plataformas.
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