En su más reciente reporte, el servicio de prisiones de Escocia reveló que se confiscaron un total de 1889 teléfonos celulares debido al mal uso dentro de las cárceles locales. Estos dispositivos fueron entregados a miles de prisioneros a inicios de 2020 como parte de las medidas de aislamiento por coronavirus, ya que las cárceles no podían recibir visitantes y el contacto con el exterior era prácticamente nulo.
Al anunciar esta medida, el ex secretario de Justicia Humza Yousaf mencionó que se autorizó un gasto de 2.7 millones de libras esterlinas para la compra de 7,500 teléfonos supuestamente a prueba de hacking. No obstante, algunos prisioneros descubrieron un método efectivo para liberar las funciones restringidas de estos dispositivos unas cuantas horas después de que les fueron entregados. Por el momento se desconoce qué método usaron los prisioneros para hackear estos dispositivos.
Una fuente del servicio de prisiones de Escocia asegura que cientos de prisioneros usaron estos equipos hackeados para operar actividades ilícitas, incluyendo la venta de droga y extorsión, en complicidad con individuos al exterior de las cárceles. También se informó que algunas pandillas dentro de las prisiones lograron robar los dispositivos que fueron otorgados a otros reos, ya que el programa no incluía a prisioneros considerados peligrosos.
Para hacer más grave el problema, los funcionarios de prisiones dicen que es imposible detectar a simple vista qué dispositivos han sido manipulados por hackers, por lo que las prisiones deben invertir recursos considerables para encontrar aquellos teléfonos capaces de realizar llamadas no autorizadas al exterior, así que el problema no puede ser abordado en cuestión de unos pocos días.
Por lo pronto, se ha decidido que se revocará el acceso a estos teléfonos para los reos que hagan mal uso de los dispositivos, además de que se implementarán medidas más estrictas para prevenir el contrabando de nuevos dispositivos al interior de las cárceles. Estos permisos podrán ser revocados por un mes, dos meses o de forma permanente.
A pesar de estas medidas, algunos congresistas han solicitado que el uso de estos dispositivos se elimine por completo, ya que creen que solo causan más problemas de los que resuelven y no hay forma de que la administración de las prisiones pueda garantizar su uso correcto.
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