El Departamento de Justicia de E.U. (DOJ) reveló que durante los más recientes meses, un total de 474 individuos han sido procesados legalmente por su participación en diversos esquemas fraudulentos relacionados con el COVID-19. Los acusados participaron en toda clase de prácticas fraudulentas relacionadas con el coronavirus, incluyendo la venta de falsos tratamientos para la enfermedad, además de vacunas falsificadas, campañas de phishing y spam vía SMS, entre otros delitos.
Con la aparición de este virus, prácticamente todas las agencias policiales del mundo han tenido que lidiar con diversas prácticas fraudulentas, colaborando incluso con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir a los usuarios de todo el mundo sobre estas campañas maliciosas.
Sobre estos arrestos y acusaciones, el DOJ menciona que todos los 474 individuos han sido acusados de delitos basados en esquemas fraudulentos relacionados con la pandemia, en múltiples campañas cibercriminales que generaron ganancias ilegales de más de 560 millones de dólares, afectando tanto a consumidores como a las agencias del gobierno de E.U.
Una de las principales variantes de fraude tiene que ver con la emisión fraudulenta de solicitudes de subsidio, incluyendo el Programa de Protección de Pagos (PPP), el Programa de Préstamos por Desastre Económico (EIDL) y el Seguro de Desempleo (UI), entre otros programas implementados para mitigar las consecuencias económicas del coronavirus.
De los 474 acusados, 120 personas recibieron sentencias relacionadas con delitos relacionados con PPP, incluyendo:
- Dueños de negocios inflando artificialmente sus gastos de nómina para obtener préstamos altos
- Creadores de empresas fantasma
- Grupos criminales que presentan solicitudes de préstamos usurpando la identidad de empresas legítimas
En uno de los casos más recientes, el DOJ anunció que un ciudadano de Texas se declaró culpable de un fraude de préstamos con el que obtuvo alrededor de 25 millones de dólares ilegalmente.
Los actores de amenazas también han desplegado múltiples fraudes contra EIDL, que emite apoyo financiero para pequeñas y medianas empresas, aunque el fraude de beneficios por desempleo representa la mayor práctica ilegal relacionada con estos programas económicos. El reporte del DOJ menciona que los actores de amenazas suelen utilizar la identidad de reclusos al azar, ya que es improbable que estas personas se den cuenta que sus datos están siendo utilizados de forma indebida.
Finalmente, el DOJ anunció la clausura de una página de Facebook vinculada al gobierno de Venezuela debido a la constante publicación de desinformación sobre el COVID-19, incluyendo supuestos tratamientos naturales contra la enfermedad. Facebook también determinó que las páginas oficiales del gobierno de Venezuela no podrán realizar publicaciones durante los próximos 30 días.
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