El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que se presentarán cargos contra Julio Lugo y Rosenide Venant, acusados de operar un complejo esquema fraudulento a través de declaraciones falsas a una institución financiera; Lugo también enfrenta cargos por hacer uso ilegal de los programas de estímulos económicos por el coronavirus. En caso de ser hallados culpables, los acusados enfrentan condenas de hasta 30 y 45 años en prisión.
Las autoridades argumentan que a finales de marzo de 2020 los acusados comenzaron a conspirar para cometer fraude contra la Administración de Pequeñas Empresas de E.U. (SBA), tratando de obtener estímulos económicos de forma indebida.
Lugo y Venant habrían utilizado la dirección IP de su casa para presentar alrededor de 70 solicitudes de préstamos falsas y fraudulentas en busca de fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y del Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL).
En total, los estafadores solicitaron 5.8 millones de dólares, incluso registrando algunas empresas fantasma para solicitar subsidios al gobierno.
Parte importante de este esquema fraudulento era una empresa fantasma que Lugo habría utilizado en 2015 para un fraude fiscal. Una vez que se obtuvieron algunos préstamos, los conspiradores hicieron un mal uso de los fondos de PPP y EIDL, ya fuera pagando vehículos de lujo, gastando decenas de miles de dólares en casinos y en ropa costosa.
Este esquema comenzó a ser planeado a partir de la aprobación de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), que entró en vigor en marzo de 2020 y fue pensada para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses y mitigar el impacto económico de la pandemia. El gobierno federal autorizó hasta 350 mil millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas para que puedan cumplir con sus obligaciones con los trabajadores.
Poco después, el congreso autorizó más de 300 mil millones de dólares adicionales para continuar con los estímulos económicos a los sectores más afectados en la sociedad.
Cabe mencionar que este proceso está en la etapa de queja, lo que quiere decir que es simplemente un cargo formal de que un acusado ha cometido uno o más delitos federales, teniendo en cuenta que cada acusado se presume inocente a menos que se demuestre lo contrario.
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