Después de casi un mes de constantes protestas e incidentes de violencia, el gobierno de Cuba decidió aprobar algunas leyes que limitarán aún más la libertad de expresión de sus ciudadanos en Internet, forzando a los proveedores de servicios a implementar medidas de censura en plataformas locales.
Estas nuevas leyes serán aplicadas por una agencia de reciente creación bautizada como Instituto de Información y Comunicación Social, dependiente del Ministerio de Comunicaciones de Cuba.
En términos generales, la idea es que los operadores de telecomunicaciones locales tendrán que asegurarse de contar con equipos y tecnología capaz de interceptar y monitorear el tráfico web.
De este modo, las pocas compañías que proveen servicios de Internet en la isla deberán interrumpir la comunicación de los usuarios cuando “se transmita información falsa, ofensiva o lasciva para la dignidad humana; contenido sexual discriminatorio y que promueva el acoso; que afecte la privacidad y que altere la seguridad colectiva, la moral y el respeto al orden público.”
Estas nuevas leyes también tienen por objetivo tomar medidas contra las llamadas “redes de vecindarios”, puntos de conexión a Internet surgidas de los barrios cubanos en los que las operadoras de estos servicios no están presentes formalmente.
Además, las nuevas leyes también prohíben la importación y venta de dispositivos de red sin la autorización del Ministerio de Comunicaciones, en un intento del gobierno comunista para evitar la propagación de información potencialmente perjudicial para el régimen.
No obstante, la medida más polémica de todas es la implementación de una ley que vuelve obligatorio el reporte de incidentes de ciberseguridad ante la Oficina de Seguridad para Redes de Computadoras. Estos incidentes de ciberseguridad también incluyen las críticas al régimen político y económico vigente en Cuba, que en adelante serán considerados como “actividades de terrorismo cibernético”.
Esta nueva legislación, vigente desde hace unos días, permitirá al gobierno cubano contar con un fundamento legal para justificar el límite en el acceso a Internet, pero lo que es más importante, proporciona el fundamento legal para crear un firewall a nivel nacional de forma similar a lo que hacen gobiernos en países como China, Rusia, Arabia Saudita y otros regímenes considerados cerrados por el resto del mundo.
Para conocer más sobre riesgos de seguridad informática, malware, vulnerabilidades y tecnologías de la información, no dude en ingresar al sitio web del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética (IICS).
Trabajando como arquitecto de soluciones de ciberseguridad, Alisa se enfoca en la protección de datos y la seguridad de datos empresariales. Antes de unirse a nosotros, ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad dentro de una variedad de empresas de seguridad cibernética. También tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, salud médica y reconocimiento facial.
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