¿Deberían ser los tracker públicos de torrents bloqueados judicialmente?

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Los diferentes grupos que están en una lucha constante contra la piratería de contenidos con derechos de autor, no cejan en su empeño de acabar con la misma a todos los niveles: usuarios, ISPs, buscadores, trackers, portales streaming, contenedores de ficheros torrent, descargas directas, redes P2P, etc.

Lo cierto es que la mayoría de las medidas que se toman a este respecto suelen tener poco éxito, al menos a medio / largo plazo. Cierto es que en ocasiones, como ya hemos sido testigos en el pasado, logran que diversos portales con enlaces a estos contenidos, incluso los más importantes en estas lides, se han visto en la obligación de cerrar sus puertas. Sin embargo, a los pocos días, u horas incluso, en la Red han aparecido nuevas copias de los mismos, y a veces no solo una, sino varias, por lo que su crecimiento sigue en aumento.

Parece ser que determinados grupos y compañías que trabajan contra todas estas prácticas ahora la están «tomando» contra algunos trackers, ya sean públicos o privados. Como muchos ya sabréis, estos son los encargados de rastrear los ficheros torrent que previamente han sido registrados en su base de datos. Gracias a todo ello este elemento que en ocasiones forma parte de las redes P2P, se encarga de recibir nuestras peticiones de descarga de ficheros torrent y nos pone en contacto con otros clientes o usuarios. Debido a que estos «contactos» también están accediendo a los mismos contenidos, así se logra compartir los ficheros entre varios y se acelera tanto la bajada como la subido entre los mismos usuarios conectados.

Trackers P2P

Los trackers no almacenan contenido alguno

Lo curioso del tema es que estos trackers, ya sean de ámbito público o privado, en realidad no almacenan contenido ni enlace alguno, ya hagan referencia a ficheros protegidos por derechos de autor, o no. Y es que en realidad se trata de herramientas, eso sí, muy valiosas, para encontrar otros usuarios de BitTorrent con el mismo contenido. Por lo tanto resulta evidente que, existan estos trackers o no, los contenidos van a seguir estando ahí a disposición de cualquiera que quiera acceder a los mismos.

Por estas razones no tiene demasiado sentido, al menos si hablamos en términos de legalidad, solicitar el cierre o bloqueo por orden judicial por parte de los proveedores de servicios de estos elementos, ya que como tal, no realizan acción ilegal alguna, al menos en un principio. Ya se han dado algunos casos de este tipo en determinadas regiones, aunque en la mayoría de las ocasiones, como ha sucedido en el caso recientemente conocido del tracker zer0day, este ha comunicado que se niega a acatar el cierre debido a que no llevan a cabo acción ilegal alguna.

 Fuente:https://www.adslzone.net